Declarar una dirección falsa en la parte francesa para beneficiarse de los beneficios sociales es un consejo muy conocido en la isla. También es un delito punible por ley. Para combatir este llamado fraude de domiciliación, las autoridades han establecido COTAF, el comité operativo territorial * contra el fraude.
En la conferencia de prensa sobre la evaluación de la delincuencia y la inseguridad en Saint-Martin el 8 de febrero, la prefecta Anne Laubiès y el fiscal Samuel Finielz anunciaron que se organizarán muchos controles este año. “Cualquiera que intente aprovechar los beneficios sociales y / o fiscales debe saber que puede ser procesado penalmente. Ante el tribunal penal, la pena es de cinco años de prisión y una multa de 10 euros ", insiste el fiscal. (Más detalles en www.soualigapost.com)
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