Durante varios años, los funcionarios electos han denunciado el costo que representa la RSA para la comunidad. Los ingresos de solidaridad activa son financiados en parte por la COM y ascienden a más de 14 millones de euros. El COM solicitó al Estado que reanudara la gestión de la asignación a su cargo. También adaptó las reglas para asignar el RSA localmente, pero según la Cámara de Cuentas Territorial (CTC), estos esfuerzos son insuficientes. En su informe de observación COM entre 2007 y 2014, atribuye parte de la responsabilidad a la comunidad al peso financiero que la RSA representa hoy.
Pudo notar que en el momento del cambio de estatuto, “la comuna [no] había solicitado al consejo general [de Guadalupe que administraba los gastos sociales Nota del editor] que conociera su campo de acción en el territorio comunal. La comunidad tampoco solicitó información al consejo general de Guadalupe sobre la gestión de los sistemas sociales que había adoptado (regulación departamental de asistencia social, número de beneficiarios en Saint-Martin, número de agentes afectados a la gestión de archivos, costos, etc.) ". El CTC considera que, por lo tanto, Saint-Martin no se ha preparado para esta transferencia de poderes.
Si admite que la COM está obligada a aplicar este sistema de ayuda nacional, considera que es "parcialmente responsable" de "estos cargos no controlados". Además de la CAF de Guadalupe que gestiona la asignación.
Este último no llevó a cabo "ningún control" y no proporcionó ningún "informe anual escrito sobre los controles de los beneficiarios de RSA" a la COM, que sin embargo ha realizado varias solicitudes.
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