El año pasado, el jefe de dos joyerías ubicadas en Philipsburg cerró sus tiendas debido a la crisis de salud e informó a sus 33 empleados de su deseo de despedirlos. La mayoría acepta los acuerdos propuestos. Una de las empleadas se niega y desafía la decisión de su empleador en el tribunal de Sint Maarten. El tribunal debe pronunciarse sobre la legalidad del despido y sobre la obligación de indemnizar o no.
La empleada afirma que su empleador volverá a abrir las tiendas una vez superada la crisis, es decir, cuando regresen los cruceristas. Ante la crisis sanitaria y la caída de la rotación registrada desde la visita de Irma, el tribunal no comparte la opinión del empleado y valida los procedimientos de despido.
Por otro lado, considera que se debe indemnizar incluso si el empleador ha intentado demostrar que la salud financiera de sus tiendas no le permite pagarla. Al leer las pruebas del caso, los jueces observaron que las dos joyerías pertenecían a un grupo presente en todo el Caribe. También se observa que el jefe de Sint Maarten envió sus joyas a St Thomas para, presumiblemente, sacarlas de su negocio y, por lo tanto, de su balance financiero.
El tribunal considera que el empleador debe pagar una indemnización por la cantidad de 36 dólares a dicho empleado. Esta última también tuvo éxito en el mismo tribunal por obtener atrasos en los salarios que su empleador no le había pagado durante la crisis de salud.
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