En diciembre de 2005, el general tesorero-pagador de Guadalupe hizo un informe al fiscal porque sospechaba que el receptor-recaudador del Tesoro de San Martín había malversado fondos públicos.
En junio de 2006, este último fue objeto de una sanción disciplinaria por parte del Ministro de Economía, fue transferido automáticamente a la tesorería general de Yvelines.
El recaudador de impuestos solicitó a los tribunales que se anule esta decisión y solicite su reincorporación en Saint-Martin. De tribunal administrativo a tribunal administrativo que pasa el Consejo de Estado, finalmente tiene su batalla legal contra el Estado. En junio de 2018, el Consejo de Estado ordenó al Ministro de Acción Pública que reintegrara a la persona interesada en el cargo de jefe de correos en Saint-Martin dentro de los tres meses. Al no respetar la decisión, el Consejo de Estado ordenó al Estado que pagara a la persona interesada la suma de 20 euros.
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