La segunda y última parte del llamado juicio de los funcionarios electos se llevó a cabo el jueves pasado: Annick Petrus y Daniel Gibbs comparecieron ante el tribunal local de Saint-Martin por actos de violación de la libertad de acceso o igualdad de candidatos en contratos públicos.
Esta empresa es Angel Car Rental dirigida por Jean Delice Murat. Prestó servicios entre enero de 2018 y marzo de 2019, en este caso asistió a la comunidad en la distribución de alimentos y otras donaciones. El valor del contrato ascendía a unos 147 euros. Sin embargo, fue seleccionado sin haber sido puesto a concurso como lo impone el código de orden público. Es por ello que las últimas cinco facturas por valor de unos 400 euros no han sido pagadas por el erario público y han sido objeto de un protocolo de liquidación para su regularización. Este protocolo fue denunciado por el prefecto en su momento al Ministerio Público.
Los jueces se turnaron para interrogar a Daniel Gibbs y Annick Petrus para comprender el curso de los acontecimientos. De la investigación surgió que Daniel Gibbs no intervino directamente en la elección del proveedor del servicio sino cuando tuvo que regularizar la situación. En cuanto a Annick Petrus, afirma haber sugerido la empresa al departamento de compras de la COM y le pidió ver si estaba en orden y luego haber recibido la conformidad del director del gabinete del presidente.
Después de deliberar durante casi 1h30, el tribunal siguió los requerimientos de la fiscalía y liberó a los dos imputados alegando que actuaron en una situación de emergencia después de Irma, que tal situación autoriza el incumplimiento de las normas de orden público.
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