Tras el paso del huracán Irma en septiembre de 2017 en las islas de Saint-Barthélemy y Saint-Martin, la Delegación del Senado a los Territorios de Ultramar decidió realizar un estudio sobre los principales riesgos naturales en el extranjero para el cual Guillaume Arnell fue designado relator coordinador para los dos componentes.
Un primer informe, publicado en agosto de 2018, se centró en la prevención de riesgos y la gestión de emergencias. Los relatores, Mathieu Darnaud y Victoire Jasmin, los alertaron sobre la necesidad de consolidar los sistemas de prevención y fortalecer los medios de vigilancia y alerta.
El segundo informe, adoptado el jueves por la mañana por la delegación, está dedicado a la reconstrucción posterior al desastre, el apoyo a las poblaciones y la resistencia de los territorios.
Dos años después de Irma, los relatores Abdallah Hassani y Jean-François Rapin señalaron que la reconstrucción está lejos de completarse, particularmente en Saint-Martin, reconstruida en agosto de 2019 con solo el 49% en comparación con el 87% para Saint-Barthélemy, d ' después de los datos del programa europeo Copérnico. Se expresaron serias reservas sobre el pilotaje que se llevó a cabo, a veces considerado contraproducente para la realización de la reconstrucción. Los relatores hicieron recomendaciones para, en tales circunstancias, promover una reconstrucción efectiva y sostenible.
Centrándose en todo tipo de peligros naturales y en todos los territorios de ultramar, el informe proporciona un inventario de fenómenos aún en progreso, como el encallamiento de algas Sargassum en las Antillas y el volcán naciente en Mayotte Ante la emergencia climática que tendrá consecuencias en la evolución de los riesgos, particularmente en el Pacífico, los relatores piden apoyo para acciones a favor de la resiliencia de los territorios y las poblaciones y proponen como tal la creación de un verdadero fondo verde
Al final de este enfoque constructivo apoyado en los territorios, los dos informes de la delegación dieron como resultado un centenar de recomendaciones destinadas a todos los actores de la gestión de riesgos. Ahora le corresponde al gobierno comprometerse a definir, en consulta con cada uno de los territorios, una política ambiciosa y proporcionarle los recursos institucionales y financieros esenciales para su implementación. _AF
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